Si en tiempos de bonanza económica hemos asistido a una sistemática lentitud en la puesta en marcha de proyectos de infraestructura necesarios para la mejora de los servicios de atención a las personas de avanzada edad, se supone - en buena lógica- que el frenazo, debido a la crisis económica, de todo cuanto debiera realizarse en esta materia desde la Administración, será un hecho irreversible.
Es más, cabe pensar que incluso las partidas destinadas este año a prestaciones y servicios se vean mermadas en su financiación. Ante esa crisis que pone en riesgo la quiebra de muchos de los aspectos básicos de nuestra "sociedad de bienestar", y teniendo muy en cuenta que en Aragón las previsiones de grandes dependientes se han duplicado en los últimos diez años (pasando de 7.521 usuarios a 15.341), sin que en modo alguno el aumento de los servicios haya crecido de la misma manera, a pesar de la boyante situación financiera en que ha vivido el país en general y nuestra Comunidad en particular, donde el despilfarro económico alcanzó cifras astronómicas con el evento internacional de la Expo, no queda más remedio que agarrarnos a la compleja puesta en funcionamiento de esa Ley de Dependencia que tantas esperanzas despertó entre las personas de avanzada edad y sus familiares a partir de su promulgación hace ahora dos años.
A propósito de la Ley de Dependencia, la Consejera de Servicios Sociales del Gobierno de Aragón, doña Ana Fernández, afirma que "Estamos satisfechos con las casi 10.000 familias que ya están disfrutando de servicios o ayudas económicas" (Heraldo 31-12-08). Ante ese estado de ánimo propenso al optimismo, cabría preguntarle a la responsable del desarrollo de la Ley, que nos informase detalladamente del desglose de las partidas económicas destinadas a servicios a domicilio, centros de día, residencias, número de empleados que se han creado para prestar ayuda a las familias, etc. que se supone han sido la base para que éstas 10.000 familias estén disfrutando ya de la mencionada Ley de Dependencia, por que, hasta lo que nosotros sabemos es que los datos de dependencia vienen desbordando cualquier previsión. Que según el IMSERSO se han presentado 27.306 solicitudes de personas que se han acogido a la nueva Ley en Aragón, produciendo de hecho un atasco en el proceso que se intenta corregir más mal que bien. A la vista de esas constatadas dificultades se hace necesario seguir comentando todo cuanto concierne a la Ley de Dependencia y desde este blog se pretende profundizar en los próximos días y en la medida de lo posible, la forma en que se lleva a cabo su desarrollo en nuestra comunidad en particular, así como en el resto del país.
Todo ello con el único deseo de que no se den - a pesar de la crisis económica que atravesamos- pasos atrás en este logro que hemos conseguido con el derecho por Ley a una mejora en la atención de la envejecida población española.
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