Era algo que se veía venir. La privatización de las plazas en las residencias para ancianos era -parafraseando la novela de García Márquez- la crónica de una realidad anunciada. Decenas de empresas, invirtieron lo que tenían - y probablemente algunas, incluso lo que no tenían- construyendo por todas las comunidades autónomas toda clase de residencias donde acoger a los mayores que se ven forzados de la noche a la mañana a abandonar su domicilio habitual vencidos por el peso y los achaques de sus muchos años. La oferta a la carta de estas plazas, que dificilmente se llegan a cubrir hoy por hoy, es tan abundante como variopinta. Hay algunas de estas residencias para ancianos que funcionan saltándose a la torera normas elementales establecidas. Otras sin embargo son de tan alto standing, que solo admiten comparación con un hotel de cinco estrellas. Casualmente he tenido la oportunidad de comprobarlo personalmente al acompañar a un buen amigo, que tras una operación de rotula, precisaba de estar atendido adecuadamente (a falta de camas socio sanitarias en los hospitales) durante un solo mes. Dos mil euros le costará el ser huésped de una de estas primorosas residencias.
Esta gran oferta me hace temer lo peor; quizá confiaban en que el estado abonaría gran parte del costo de la estancia de los numerosos ancianos que se acogieran en las mismas. Pero las arcas están vacías e incluso endeudadas. Este fenómeno biene a tener una similitud con la burbuja inmobiliaria, donde en España se construyó en los últimos quince años un exceso de viviendas que ahora no hay dios que las compre. ¡Atención pues al devenir de los inversores que han construido excesivo número de residencias privadas! Igual se encuentran con dificultades para hacer frente a los créditos que la banca les concedió, confiados en que el negocio de los ancianos era el negocio del siglo.
Paralelamente a esta situación artificial creada (ya que son pocos los ciudadanos que puedan pagar tan altos precios por una plaza de residencias) los poderes públicos se han recreado y no han tomado la decisión de construir y gestionar mayor número de residencias públicas, con lo cual los ancianos se encuentran ahora completamente bloqueados sin tener acceso a residencia alguna.
Mal asunto, si se tienen en cuenta que la crisis va para largo. Seguro que los responsables políticos de cada autonomía se deben de estar preguntando con cierto agobio ¿Que hacemos con los viejos?. Dificil respuesta...
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario